La decisión se tomó mediante el decreto 586/2023, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece que la Comisión tendrá la función de «representar al Estado Nacional con mayor dinamismo en su relación con las distintas organizaciones o asociaciones que nucleen a los Ex-Combatientes de Malvinas y familiares de los caídos en combate»
También deberá «promover, estimular y apoyar acciones y actividades de docencia, investigación y difusión, a desarrollar por sí o en conjunto con organismos públicos u organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de preservar la memoria de los caídos en Malvinas, y crear y llevar un registro actualizado de las organizaciones o asociaciones que nucleen a los Ex-Combatientes de Malvinas, que se encuentren debidamente inscriptas ante la autoridad registral competente».
Otras de sus tareas será la de «recopilar y ordenar la legislación vigente y la información existente en el ámbito del Estado Nacional, provincial y municipal, sobre programas de salud, empleo, vivienda, acción social, capacitación y toda otra materia que resulte de interés para los Ex-combatientes de Malvinas que hayan participado activa y efectivamente en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982».
Otra de las misiones de la Comisión será «estudiar y recomendar la elaboración de normas, proyectos o acciones que resulten de especial interés para los Ex-Combatientes de Malvinas, y analizar la totalidad de la normativa vinculada con los beneficios sociales que se otorgan a los Ex-Combatientes de Malvinas en distintas jurisdicciones.
Asimismo, se dispuso que la Comisión estará integrada por cinco excombatientes de Malvinas y un representante de los familiares de los caídos en combate, que serán designados por el Ministerio de Interior por un plazo que se establecerá en un reglamento de selección, y además se sumarán un integrante designado por el PAMI; uno por Cancillería y los ministerios de Desarrollo Social; Trabajo; Educación; Salud; Defensa e Interior.