La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el jueves que la Prefectura Naval tendrá autorización para utilizar armas de fuego de todo tipo a partir del viernes. Esta medida se toma para que la Prefectura deje de estar en una posición desventajosa en el patrullaje de ríos. Es el primer paso hacia la implementación de un nuevo reglamento general que regirá para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad en un futuro próximo.
Bullrich hizo este anuncio durante la presentación del inicio de la restitución del protocolo general para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, el cual había sido suspendido durante el gobierno de Alberto Fernández.
Esta medida marca el inicio del proceso de restablecimiento del «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad». Esta normativa fue establecida a través de la resolución 956/2018 durante el mandato de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich se desempeñaba como ministra de Seguridad.
La ministra dio ejemplos de situaciones en las que la Prefectura no pudo defenderse de ataques de delincuentes armados y con objetos contundentes. Uno de estos casos ocurrió en el kilómetro 216 del Río Paraguay, en Formosa, y el otro en el kilómetro 1076 del Río Uruguay, en Misiones.
Bullrich explicó que las armas cortas que actualmente están permitidas para la Prefectura no tienen el alcance necesario cuando se enfrentan a embarcaciones que transportan cargamentos ilegales y se dirigen hacia la frontera.
Dentro de las disposiciones establecidas en la resolución 956/2018, se incluye la autorización para que los efectivos puedan utilizar sus armas reglamentarias sin necesidad de identificarse verbalmente cuando exista un riesgo inminente de muerte o lesiones graves para otras personas. También se les permite utilizar las armas en caso de que el delincuente haya causado o intentado causar muertes o lesiones graves y luego se haya fugado, entre otras circunstancias.
Estas disposiciones han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y líderes políticos, quienes consideran que constituyen una violación al Código Penal y a la Constitución.
En este sentido, la exministra Frederic se ha manifestado en contra de la reinstauración de este protocolo y ha advertido que podría permitir que las fuerzas de seguridad hostiguen a la población sin justificación.