Luego del anuncio del presidente Javier Milei, quien el último viernes inauguró el 142° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y confirmó que cerraría el INADI y la agencia pública de noticias argentina, Télam, durante la noche de este domingo la web fue inhabilitada y los empleados denunciaron en redes sociales que el gobierno ordenó que la redacción fuera vallada. Hay una manifestación convocada para este lunes al mediodía.
La asamblea de los trabajadores de Télam había convocado a un “abrazo” a la agencia, ubicada en Bolívar 531 de la Capital Federal, para este lunes a las 12.30. Sin embargo, el domingo a la medianoche actualizaron la situación y afirmaron que la redacción fue vallada, adjuntando imágenes del operativo. “El gobierno nacional está llevando adelante uno de los peores ataques a la libertad de expresión en los últimos 40 años de democracia”, denunciaron. Mientras tanto, la web del medio público también fue dada de baja y muestra un error con el escudo nacional y la frase: “Página en reconstrucción”.
“Desde el sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciamos que la policía está vallando Télam. Nosotros, sus representantes, los delegados, la comisión interna del sindicato, estamos acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia”, indicaron en el video que compartieron en X (antes Twitter). “Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y, por eso, la vamos a defender. ¡Télam se defiende!”, añadieron los comunicadores desde el hall del edificio.
“Estamos adentro de Télam, alertados por los compañeros que estaban en su puesto de trabajo, que nos llamaron porque empezaban a vallar los edificios. Vamos a defender Télam, el patrimonio público y los puestos de trabajo. Es el peor ataque a la libertad de expresión en democracia”, sumó otro de los periodistas. Los trabajadores creen que el vallado a ambos edificios de la empresa pública, Agencia Nacional de Noticias y Publicidades, es un intento de reprimir el “masivo abrazo e impedir el acceso a trabajadores” y postularon que se trata de un ataque al derecho a la comunicación y al derecho a la información de la sociedad.