La reciente decisión del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, de autorizar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las universidades nacionales marca un cambio significativo en el marco del control financiero de estas instituciones. Esta medida se inscribe en el contexto de la administración de Javier Milei, quien, luego de una fuerte resistencia al intentar cuestionar la gratuidad y la utilidad de la universidad pública, ha adoptado un discurso enfocado en la falta de transparencia en la gestión universitaria.
Hasta el momento, la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo independiente que depende del Congreso, era el encargado de llevar a cabo las auditorías a las universidades nacionales. La decisión de incluir a la SIGEN, bajo la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, implica una centralización del control bajo el poder ejecutivo, lo que podría tener implicaciones políticas y administrativas. Este cambio ha sido comunicado al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y responde a una solicitud impulsada por legisladores del PRO y el MID.
El trasfondo de esta decisión es la creciente tensión en las universidades públicas, muchas de las cuales han sido escenario de ocupaciones y protestas, lo que refleja el descontento en torno a las políticas educativas del gobierno.