El fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa «Mendoza, Beatriz Silvia» marca un hito en el largo proceso judicial relacionado con la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los casos ambientales más importantes de Argentina. Tras casi 20 años de supervisión, la Corte decidió que los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) se han cumplido lo suficiente como para cesar su intervención directa. Sin embargo, destacaron que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debe continuar con su labor de saneamiento.
Una parte relevante de la sentencia es que la Corte evitó fijar un monto de indemnización por daño moral colectivo para los 17 demandantes que habían impulsado la causa. Consideraron prematuro establecer dicha indemnización, argumentando que aún no es el momento de evaluar la cuestión del daño colectivo. Además, las causas en manos de los jueces Ariel Lijo y Jorge Rodríguez deben regresar a sus respectivos tribunales de origen, lo que implica el fin de la intervención judicial específica en el caso.
Este fallo subraya la complejidad de los procesos judiciales y administrativos relacionados con la protección del medio ambiente, ya que si bien se avanza en el saneamiento, persisten desafíos que requieren la continuidad del monitoreo por parte de las instituciones responsables.