El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, presentado por los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, ha generado debate sobre el rol del Estado en la regulación de información alimentaria. Esta normativa, vigente desde 2021, exige que los productos con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías lleven etiquetas de advertencia en forma de octógonos negros. El objetivo es facilitar decisiones de consumo más informadas para mejorar la salud pública.
En el video difundido por los legisladores, critican la ley calificándola de «paternalista» y poco útil, argumentando que al colocar sellos en numerosos productos, el impacto informativo se diluye. Asimismo, cuestionan la capacidad del Estado para decidir qué información es relevante para los consumidores.
Esta postura contrasta con el respaldo que la ley recibió inicialmente de sectores de la salud pública, que consideran que las etiquetas son una herramienta efectiva para combatir la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Por otro lado, algunos críticos han señalado que podría afectar a la industria alimentaria y limitar la variedad de productos en el mercado.
La propuesta de derogación reaviva el debate entre quienes priorizan la autonomía del consumidor y quienes defienden la intervención estatal para proteger la salud colectiva.