La decisión de iniciar cortes de suministro de agua a usuarios con deudas marca un cambio significativo en la política de acceso a este recurso esencial en Argentina. Bajo el liderazgo de Javier Milei, esta medida busca alinear a la empresa pública AySA con los principios de gestión privada, priorizando la rentabilidad y el cumplimiento estricto de obligaciones financieras por parte de los usuarios.
Hasta ahora, el agua potable había sido considerado un derecho fundamental, lo que justificaba políticas más flexibles para garantizar su acceso universal. Este nuevo enfoque, comparado por las autoridades con las prácticas de las empresas eléctricas, refleja un giro hacia la mercantilización del servicio. Sin embargo, plantea serias preguntas sobre los posibles impactos sociales, especialmente en sectores vulnerables que podrían quedar sin acceso al agua por falta de pago.