El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/21 señala que la aplicación de la ley de 2006 ha sido objeto de un uso indebido, carente de objetividad y basado en criterios discrecionales.
El 10 de diciembre de 2024, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 805/21, que declaraba la emergencia territorial indígena. Esta decisión, oficializada mediante el Decreto 1083/2024, entró en vigor el 11 de diciembre y revoca la suspensión de desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida en la Ley 26.160 de 2006.
El gobierno justificó la medida argumentando un «uso abusivo, subjetivo y discrecional» de la emergencia, generando inseguridad jurídica y afectando los derechos de propiedad. Se alegó un aumento en las inscripciones de comunidades indígenas sin cumplir los requisitos necesarios, fragmentando el objetivo original de la ley y provocando conflictos, bloqueos a inversiones y obras públicas, y usurpaciones violentas en diversas provincias. El gobierno también citó el impacto negativo en el derecho a la vivienda de legítimos propietarios desalojados. La decisión se alinea con la posición de Argentina en la ONU, donde fue el único país de 169 en votar contra los derechos de las comunidades indígenas, y se acompaña de una reducción en el presupuesto del Instituto de Asuntos Indígenas. En resumen, la derogación del DNU N° 805/21 elimina la suspensión de desalojos, permitiendo la ejecución de sentencias previas.