El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel ha reducido drásticamente el equipo jurídico estatal encargado de las querellas en juicios de lesa humanidad, dejando a varias provincias sin representación legal en estos procesos. Esta acción, calificada por diversos actores como un intento de beneficiar a los represores, se suma a otras medidas que muestran un claro retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Despidos y reducción de personal:
Desde el inicio de la gestión, se ha desafectado a un tercio del equipo jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos, pasando de 26 a 17 abogados. Este recorte se realizó a través de despidos, retiros voluntarios y finalización de contratos precarios. Se destaca la eliminación de abogados con décadas de experiencia en la representación del Estado en estos juicios. Además, a los abogados restantes se les redujo el sueldo en más de un 60%.
Consecuencias del desmantelamiento:
La falta de representación estatal ya afecta a seis provincias: Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza. En Mendoza y Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos abandonó querellas en juicios orales en curso. En Entre Ríos, el equipo quedó reducido a una sola persona. Incluso causas importantes, como la que investiga los crímenes en Campo de Mayo, perdieron a uno de sus abogados estatales.
Testimonios y perspectivas:
Abogados despedidos, como Fernando Peñaloza (Mendoza) y Mónica Fernández Avello (Bahía Blanca), expresan su rechazo a la gestión actual, argumentando que sus políticas contradicen los valores éticos y morales que defienden. Fernández Avello destaca la utilización de un lenguaje similar al de los genocidas por parte del gobierno, lo que la llevó a renunciar.
Pablo Llonto, abogado que representa a víctimas y sobrevivientes, describe el accionar del gobierno como «perverso» y un intento de deshumanización. Si bien reconoce la dificultad de la ausencia de la querella estatal, asegura que las fiscalías y otras querellas continuarán la lucha por la justicia.
Conclusión:
La reducción del equipo jurídico estatal en juicios de lesa humanidad representa un grave retroceso en la lucha por la justicia y la memoria. Esta acción, junto a otras medidas del gobierno, genera preocupación por el futuro de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. El impacto se siente en la falta de representación legal en varios juicios, dejando a las víctimas y a la búsqueda de justicia en una situación vulnerable.
Gobierno de Milei-Villarruel: Desmantelamiento sistemático de la querella del Estado en juicios de lesa humanidad
