La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha pedido al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que investigue y, de ser necesario, sancione al intendente Guillermo Montenegro por operativos ilegales y arbitrarios de la Patrulla Municipal contra cuidacoches y personas en situación de calle.
La CPM argumenta que la Patrulla Municipal actúa «fuera de la ley» al ejercer un poder policial que no le corresponde. La organización ha presentado una nota formal al Concejo Deliberante, expresando su preocupación por las medidas tomadas por el intendente Montenegro, las cuales consideran que afectan a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidacoches.
Acusaciones de Violencia y Abuso de Autoridad
La CPM acusa a la Patrulla Municipal de ejercer «violencia física y psíquica, amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad» durante los operativos. Como ejemplo, citan un video difundido por el propio intendente donde se observa a un agente golpeando a una persona mientras era reducido por otros dos municipales.
Falta de Denuncia y Apología del Delito
La CPM critica al intendente Montenegro por no denunciar las conductas ilícitas de sus funcionarios públicos, sino por celebrarlas y reivindicarlas en mensajes y publicaciones. Consideran que estas acciones constituyen apología del delito y violan las prescripciones de la Ley 23.592.
Patrulla Municipal Excede sus Facultades
La CPM asegura que el accionar de la Patrulla Municipal se da por fuera de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública 12.154, la cual establece que las tareas de seguridad corresponden al Estado provincial. Además, el Decreto 988/20 que regula la Patrulla Municipal no le otorga facultad para detenciones ni portar armamento.
Uso de Armas Menos Letales y Riesgos
La CPM también critica el uso de «armas menos letales» por parte de la Patrulla Municipal, en particular las pistolas Byrna, advirtiendo que podrían desencadenar una muerte.
Llamado a la Intervención del Concejo Deliberante
La CPM solicita la intervención del Concejo Deliberante para que investigue y, de corresponder, sancione al intendente Montenegro por las razones expuestas. Esta solicitud se suma a la denuncia penal radicada semanas atrás ante la UFI 12