Durante la sesión legislativa de este miércoles se desplegó un operativo de seguridad en el Congreso que ha sido calificado por numerosos colectivos y organizaciones de derechos humanos como una muestra clara de represión. Testimonios de personas presentes indican el uso de gas lacrimógeno y la realización de varias detenciones contra manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del recinto.
Diversos sectores aseguran que esta actuación no es aislada, sino que evoca episodios anteriores en los que el Estado recurrió al uso excesivo de la fuerza para controlar expresiones de protesta ciudadana. «Esta represión es similar a otros casos en los que se ha silenciado a quienes ejercen su derecho a manifestarse de forma pacífica. Es una respuesta desproporcionada e ilegítima que vulnera derechos fundamentales», manifestó un representante de una organización de derechos humanos.
Aunque las autoridades del Congreso sostienen que el operativo fue necesario para restablecer el orden y garantizar el normal desarrollo de la sesión, críticos y expertos en materia de derechos ciudadanos sostienen que la medida resulta excesiva y contraria a los principios democráticos. Se recuerda que en ocasiones previas, ante situaciones de tensión, se han implementado estrategias de control que terminaron generando un clima de temor e inseguridad, afectando la libre expresión y el derecho a la protesta.
En este contexto, se exige una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del operativo y evaluar la proporcionalidad de la respuesta policial. Organizaciones ciudadanas y sectores políticos denuncian que, en lugar de dialogar, el Estado opta por tácticas represivas que debilitan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo el ejercicio pleno de la democracia.
Represión en el Congreso: Operativo excesivo con detenidos
