El debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y el Plan de los 1.000 Días cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que empezará este martes a la tarde y que se extendería hasta entrado el miércoles temprano.
Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.
El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.
En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.
La discusión será a través de videoconferencia y sólo se permitirá a una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.
El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.