Este miércoles, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata retomará las audiencias de alegatos en el juicio contra 12 represores. Estos individuos están siendo juzgados por los delitos de secuestro, tortura, abuso sexual y homicidio en perjuicio de 605 víctimas, de las cuales 189 siguen desaparecidas. Estas víctimas estuvieron alojadas en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.
Este juicio, conocido como la causa «Brigadas», ha estado en curso desde octubre de 2020. Durante el proceso se están analizando los casos de los doce represores acusados por los delitos de secuestro, tortura, violación, apropiación de menores y homicidio cometidos en los centros clandestinos que operaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura.
Dentro de las 605 víctimas que fueron alojadas en esos centros clandestinos, se encuentran los estudiantes que fueron secuestrados en el trágico suceso conocido como «La Noche de los Lápices». Este evento se ha convertido en un símbolo del terrorismo de Estado que se llevó a cabo durante la última dictadura cívico-militar.
Además, entre las víctimas también se encuentran varios niños que nacieron mientras sus madres estaban en cautiverio. Uno de ellos es Daniel Santucho, quien fue el nieto 133 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. También se incluyen miembros del colectivo travesti trans.
Los acusados en este juicio son el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Alberto Candioti, Jorge Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barré y Luis Horacio Castillo.
El juicio entró en la etapa de alegatos el 12 de diciembre pasado, cuando la Unidad Fiscal Federal de Delitos de Lesa Humanidad, representada por el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, comenzó a presentar sus argumentos. Sin embargo, el juicio se suspendió y se encuentra en un receso.
Durante la presentación de los alegatos, el fiscal Gonzalo Miranda afirmó que los delitos juzgados en este caso son crímenes de Estado, cometidos por una organización criminal de manera sistemática y generalizada. Estos crímenes causaron un daño incalculable en numerosas personas y tuvieron un impacto no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias, amigos, vecinos y personas con las que estaban relacionadas.
El plan sistemático de exterminio llevado a cabo por el Estado generó una onda expansiva de terror y sufrimiento que alcanzó niveles extraordinarios, según señaló Miranda.
Durante la presentación de los alegatos, Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin detallaron los hechos sufridos por cada una de las 605 víctimas involucradas en este juicio. Hasta el momento, solo se han descrito los casos de 335 de las 605 víctimas. Después del receso debido a la feria judicial, en la audiencia del próximo 14 de febrero a las 8 de la mañana, se retomará el alegato fiscal y se proporcionará información sobre las víctimas restantes.
Según la auxiliar fiscal Ana Oberlin, se espera que la etapa de alegatos de las partes acusadoras finalice a fines de febrero o principios de marzo. Después de esto, vendrá la etapa de alegatos de la defensa, réplicas y dúplicas, y las últimas palabras. Se estima que el veredicto se dará a conocer a fines de marzo o principios de abril.
Oberlin aseguró que durante las audiencias realizadas desde octubre de 2020, los hechos han sido probados en su mayoría. Sin embargo, habrá algunos casos en los que la Fiscalía solicitará la absolución, ya sea porque se confirmó que no estuvieron involucrados en los centros clandestinos o porque fueron incluidos por error. Estos casos son muy pocos, ya que en la mayoría de los casos hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad.
La funcionaria judicial destacó que este caso es especial debido a que los acusados son tanto de la policía como de los servicios de inteligencia y militares. Además, mencionó que aunque inicialmente había 39 personas imputadas, solo 12 llegaron al juicio, ya que los demás fallecieron antes o durante el proceso.
Un aspecto destacado es que, por primera vez, se están juzgando casos en los que 8 personas del colectivo travesti trans son consideradas como víctimas. Esto marca una diferencia significativa con respecto a otros juicios.
La Unidad Fiscal no tiene dudas de que estos casos deben ser considerados como parte del terrorismo de Estado, ya que la persecución también se centró en un modelo sexogenérico que castigaba especialmente a aquellos que no se ajustaban a ese modelo. Esta circunstancia ha quedado demostrada a través de los testimonios de las personas victimizadas, así como de expertos y testigos convocados para demostrar la persecución, el ensañamiento y la intensificación de las violencias hacia estas personas durante esos años.
Además, los testimonios escuchados han permitido confirmar la coordinación represiva en el Cono Sur, con la presencia de personas victimizadas y miembros de grupos de tareas de otros países, especialmente de Uruguay, que también formaron parte de lo que se conoció como el plan Cóndor.
«Entre los casos investigados está el hecho conocido como ‘La Noche de los Lápices’ y, además, la persecución de trabajadores y trabajadoras de distintas fábricas, como Saiar, Peugeot, también de Mercedes-Benz, de Astilleros, entre otros, lo que demuestra que el objetivo de la persecución era desarmar la resistencia de trabajadores y trabajadoras que, desde sus distintos rubros, luchaban por mejores condiciones de vida, de vida laboral, por distintas reivindicaciones que terminaron con el secuestro, las torturas y la desaparición de esos trabajadores y trabajadoras», puntualizó Oberlin.