El reciente anuncio sobre la baja de más de 200,000 pensiones por discapacidad en Argentina ha generado un fuerte impacto en la población beneficiaria. La medida, impulsada por el Gobierno nacional tras una auditoría realizada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), señala que se encontraron irregularidades en los datos de ingresos y activos de algunos beneficiarios, incumpliendo los requisitos del Decreto N° 843/2024. La notificación a los titulares afectados fue realizada mediante cartas postales, que informan sobre la desafectación de las pensiones en los casos en que se verificaron estos presuntos incumplimientos.
Para quienes consideran que la baja de su pensión es incorrecta, el proceso permite presentar un reclamo dentro de los 60 días de haber recibido la notificación. Este reclamo ante la ANSeS deberá incluir la documentación que justifique la situación del beneficiario y respalde su derecho a la pensión.
Actualmente, la Agencia Nacional de Discapacidad administra 1.25 millones de pensiones, con la reciente incorporación de 20,000 nuevas solicitudes aprobadas por el Presidente Javier Milei. Además, se estudian otros 600,000 casos que se encuentran en evaluación.