El Decreto 1112/2024 marca un cambio trascendental en la política de defensa de Argentina, generando intensos debates sobre sus implicancias en materia de seguridad, derechos humanos y el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Este cambio responde a un contexto global donde las amenazas no estatales, como el terrorismo y el crimen organizado transnacional, desafían las estructuras tradicionales de defensa y seguridad interna.
Los organismos de derechos humanos advierten que esta decisión puede erosionar el marco legal que limita el papel militar en cuestiones internas, potencialmente afectando derechos fundamentales.
Existe preocupación de que esta política pueda derivar en un uso indebido de las Fuerzas Armadas en temas que son competencia exclusiva de la seguridad interior, lo que podría conducir a abusos o excesos.