Distintos organismos del gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazaron la posibilidad de que se reforme el sistema de prestaciones para personas con discapacidad para que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, “lo que propiciaría un sistema fragmentado y desigual”.
La iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se conoció el viernes pasado y busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para que “los organismos públicos nacionales financiadores fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
Por ello, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) y el Ministerio de Trabajo bonaerense manifestaron su rechazo a la propuesta.
Los argumentos del Coprodis
“Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan”, indicaron desde el Coprodis y apuntaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.
La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.
La norma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.