El Decreto 1083/24 que mencionas implica una medida significativa en relación con los derechos de las comunidades indígenas en Argentina. Al derogar la norma que extendía la emergencia sobre la posesión y propiedad de tierras, se genera incertidumbre y temor en torno a posibles desalojos masivos de territorios tradicionalmente ocupados por estas comunidades.
La emergencia, establecida originalmente por la Ley 26.160 en 2006 y prorrogada en varias oportunidades, tenía como objetivo frenar los desalojos y avanzar en la regularización de los territorios indígenas a través de relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales. Sin esta protección, muchas comunidades podrían enfrentarse a la pérdida de sus tierras, lo que impactaría no solo su sustento, sino también su identidad cultural y derechos reconocidos constitucionalmente e internacionalmente.
Es importante considerar cómo esta decisión interactúa con el marco legal vigente. La Constitución Nacional de Argentina, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza el respeto por la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan estos compromisos.