El Gobierno de Argentina derogó recientemente una normativa de 2013 que obligaba a los organismos y empresas de la Administración Pública Nacional a utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas para sus viajes en avión. Esta medida forma parte de un esfuerzo por «desregular el mercado», en línea con la estrategia del Ejecutivo de reducir regulaciones y fomentar la competencia, especialmente en el contexto de un conflicto abierto con gremios aeronáuticos que se encuentran en huelga debido a una negociación laboral sin resolver.
La medida, implementada mediante la Decisión Administrativa 1017/2024, fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En los considerandos, se menciona que esta decisión sigue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que establece un programa de desregulación económica y busca eliminar las restricciones estatales que limitan el desarrollo de la economía.
Hasta este momento, el Decreto 1191/2012 obligaba a las entidades del Sector Público Nacional a comprar pasajes aéreos exclusivamente a Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones en las que estas empresas no pudieran proveer el servicio necesario. Este esquema tenía como objetivo apoyar a las empresas con participación estatal. Sin embargo, el Decreto 747/2024 revoca esta obligatoriedad, alineándose con el DNU 70/2023, que prohíbe al Estado otorgar privilegios legales a empresas en las que tenga participación accionaria, promoviendo así una mayor competencia en el sector.
Esta medida es un reflejo del cambio de enfoque del Gobierno, que está promoviendo políticas de apertura y libertad económica en diversos sectores estratégicos del país.