El Decreto 37/25, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, introduce modificaciones significativas en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), y ha generado una notable polémica. Aunque el objetivo declarado es simplificar y dinamizar el sector marítimo argentino, tanto en su dimensión comercial como recreativa, las implicancias han suscitado críticas y preocupaciones.
El Gobierno asegura que el nuevo régimen reducirá trámites burocráticos y hará más accesible la actividad marítima. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, este cambio busca “reducir costos y promover la competitividad”. Críticos de la norma advierten que la flexibilización normativa podría poner en peligro miles de empleos relacionados con la navegación y las actividades portuarias, afectando sectores como el transporte, la pesca, y el turismo marítimo. Algunos sectores acusan al Gobierno de priorizar intereses comerciales en detrimento de la soberanía marítima y la gestión ambiental. Temen que una regulación más laxa facilite el ingreso de operadores internacionales en condiciones que desfavorezcan a las empresas locales y comprometan recursos naturales.
Las críticas provienen tanto de sindicatos como de agrupaciones ambientalistas. Argumentan que, si bien la simplificación administrativa es bienvenida, las reformas parecen estar orientadas exclusivamente a reducir costos, sin considerar los efectos sociales y ecológicos.
Por su parte, el Gobierno sostiene que las reformas buscan fomentar inversiones y dinamizar el comercio marítimo, promoviendo el crecimiento del sector.