El Gobierno nacional presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, según fuentes judiciales.
En la presentación realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representa al Estado nacional, se incluyen críticas a la justicia laboral y a la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación es cuestionada.
Los abogados de la PTN argumentan que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre cómo la vigencia del DNU restringe o afecta los derechos en materia de libertad sindical de la parte demandante. Además, opinan que tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la parte demandante dice representar.
El enfoque de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU se centró en la invocación injustificada de las condiciones de «necesidad y urgencia» por parte del Ejecutivo para evitar que la mencionada reforma pase por el Congreso de la Nación.
Los jueces de la Cámara Federal del Trabajo destacaron que el texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es claro y no deja lugar a dudas de que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo debe ser excepcional y en condiciones rigurosas. Fue en base a este argumento que dejaron sin efecto el capítulo 4 del DNU.
En el escrito de casi 40 páginas presentado por los abogados de la PTN, también se cuestionaron los criterios utilizados por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.
Los representantes legales del Estado nacional sostienen que el tribunal ha tomado un enfoque elevado e injustificado en cuanto a la necesidad y urgencia que permite al Poder Ejecutivo emitir un DNU. Argumentan que tanto la norma emitida como el proyecto de ley enviado buscan modificar el marco regulatorio actual y el papel que debe desempeñar el Estado.
Además, agregan que se critica al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal, pero cuando se toman medidas para resolver estos problemas sociales, estas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial a solicitud de un grupo político y de poder, como la CGT, que se presenta como un sector vulnerable en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa específica.
En cuanto a si el DNU contempla normativas que requieren implementación urgente, la presentación de la Procuración indica que la excepcionalidad, que no es lo mismo que emergencia, es un concepto de valoración puramente política y no jurídica, al igual que otros conceptos como «seguridad de fronteras», «conmoción interior» y «justicia social», entre otros mencionados.
Según la representación legal del Estado, estos conceptos son considerados «ajenos» a la práctica constitucional y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Argumentan que la valoración política de la emisión de un DNU corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
La Cámara Nacional del Trabajo declaró el 30 de enero pasado la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral incluidos en el Título IV del DNU 70/2023 del Gobierno, en respuesta a una presentación realizada por la CGT.
El tribunal sostuvo que las reformas laborales incluidas en el DNU, que fue hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre anterior, eran contrarias al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Dicho artículo establece que el Poder Ejecutivo nacional «participa en la formación de las leyes de acuerdo con la Constitución, las promulga y las hace publicar», pero que «no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo bajo ninguna circunstancia, so pena de nulidad absoluta e incurable».
El 27 de diciembre pasado, la CGT se movilizó hacia los Tribunales para solicitar a la Justicia que declarara la inconstitucionalidad del DNU que el presidente Milei había anunciado una semana antes por cadena nacional.
El 24 de enero último, la central obrera llevó a cabo un paro nacional de 12 horas y una manifestación frente al Congreso para respaldar su reclamo y rechazar las medidas económicas del Gobierno nacional.
Algunas de las modificaciones laborales establecidas en el DNU firmado por el presidente Milei incluyen la ampliación del período de prueba a 8 meses, la consideración de bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.