La aprobación del proyecto que asegura el financiamiento a las universidades públicas significaría un costo fiscal equivalente a los beneficios que el Ejecutivo otorgó a través del paquete fiscal a los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales.
La iniciativa dispone que los fondos destinados para las casas de estudio del nivel superior se tienen que incrementar en 2024 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera retroactiva, e ir acompañando ese ritmo mediante una actualización bimestral.
Aun a pesar de ello, el gobierno tiene decidido vetar una eventual sanción de ese proyecto, que el Senado se apresta a tratar la semana próxima, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara por amplio margen (143 votos contra 77). Lo hará para mantener su decisión de revisar «toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas» del sector público, según informó en su momento el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni.
El pretendido desequilibrio en los números fiscales es, en realidad, un impacto de $ 738.595 millones para todo el año 2024, según el cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La suma equivale a 0,14% del PBI.
Allí se engloban los $ 441.600 millones que costaría el reconocimiento y recomposición de los haberes de trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales, que desde noviembre de 2023 hasta la actualidad resignaron más de un 40% de su poder adquisitivo, según los gremios del sector.