El Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al igual que una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La Cámara alta también rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgaba $100.000 millones de recursos reservados para la Secretaría de Inteligencia, así como aprobó la iniciativa oficialista de Boleta Única de Papel (BUP), que regresó a Diputados.
La ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Además de los legisladores oficialistas, los votos en contra correspondieron a los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni con su monobloque «Libertad trabajo y progreso«. La abstención correspondió a María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.
Ley de Financiamiento Universitario: ¿el Gobierno puede vetarla?
Tras el veto a la movilidad jubilatoria, el palacio legislativo tenía un desafío doble, hacerse de una mayoría pero que sea robusta para blindar la ley en un futuro. Lo consiguieron, ya que la iniciativa de la oposición casi que sextuplicó los votos negativos.