El jueves pasado se llevó a cabo una audiencia pública en Colonia Liebig para discutir el nuevo cuadro tarifario propuesto por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). Este nuevo cuadro implicaría un aumento del 100% para los usuarios de altos ingresos, del 225% para los de ingresos bajos y medios, del 200% para los comercios y del 300% para los clubes de barrio.
La audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, contó con una gran participación y contó con siete oradores, entre ellos el Senador Martín Barrionuevo, Adriana Vidal Domínguez (diputada provincial), Germán María Braifllard Poccard (diputado provincial), Jorge Arturo Castillo, María Cecilia Gortari, José Nicolás Solmoirago (defensor del Pueblo de Virasoro) y Claudio Bulacio (apoderado de Adeera).
Durante la audiencia, algunos participantes señalaron que los costos de la DPEC son cinco veces más altos que en 2023, lo cual incluye los costos de la empresa como combustible, mantenimiento y renovación de cables eléctricos, personal, seguros y amortización de activos, entre otros. Esto es lo que provoca que las tarifas se dupliquen e incluso en algunos casos se tripliquen. Los costos operativos promedio son de $10,000, de los cuales $8,000 corresponden a fondos de la DPEC y solo $2,000 son costos de energía.
Estos costos se conocen como Valor Agregado de Distribución y la DPEC aplica el mismo valor tanto a usuarios de altos ingresos como a usuarios de bajos ingresos.
Según la DPEC, en su desglose de costos, el 81% de los costos totales de la factura antes de impuestos corresponde a la DPEC, mientras que solo el 19% corresponde al costo de la energía.
El Senador Barrionuevo destacó durante la audiencia que se están discutiendo los costos desproporcionados e ineficientes de la DPEC. Hizo hincapié en dos costos especialmente injustos que se incluyen en nuestra factura: los enganchados ilegales y las supuestas depreciaciones de los activos de la empresa.
Además, aclaró que cuando se habla de enganchados, no solo se refiere a los barrios populares, sino que la DPEC ha reconocido oficialmente que existen 25,432 usuarios de altos ingresos que están enganchados ilegalmente y que, además, consumen un 70% más de energía que aquellos que pagan regularmente su factura.
En su intervención, el Senador Barrionuevo mencionó que un usuario de bajos ingresos que consume 500 kW/mes tendría que pagar una factura de $44,000, de los cuales $15,500 corresponden al pago por enganche ilegal.
Barrionuevo destacó que esta situación se puede evitar o modificar antes de que sea aprobada. Durante la audiencia, expresó estas preocupaciones al interventor de la DPEC, el Contador Alfredo Aún, quien también estuvo presente.