La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Foro Multisectorial contra los tarifazos han tomado medidas legales al interponer un recurso de amparo contra el Gobierno nacional en respuesta a los recientes aumentos en las tarifas de servicios públicos. Estas organizaciones buscan que se declaren inconstitucionales las resoluciones que introdujeron los nuevos cuadros tarifarios, considerados “desproporcionados, irrazonables y confiscatorios”. La acción judicial también solicita que las empresas proveedoras de servicios como electricidad, gas y agua se abstengan de exigir el pago de las tarifas actuales y se instaure un esquema de precios que permita sostener una tarifa social.
En su planteo, los organismos destacan que las nuevas tarifas afectan de manera alarmante a diversos sectores, como usuarios residenciales, comerciantes, PyMEs, organizaciones sin fines de lucro, y jubilados, quienes están al límite de sus recursos y, en muchos casos, no pueden hacer frente a estos pagos. Además, señalan que el peso de los costos de luz, agua, gas y transporte se ha duplicado en el último año, comprometiendo el poder adquisitivo de los asalariados y agudizando la desigualdad. En paralelo, se ha convocado a un apagón nacional para el jueves 31 de octubre a las 21 horas en señal de protesta.
La demanda, que recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía, los entes reguladores y las empresas prestadoras de servicios, se concentra principalmente en los municipios de la provincia de Buenos Aires y busca proteger los derechos de los usuarios conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.