El Gobierno nacional se mueve a full para sacar una nueva ley migratoria, y según se cuenta, la idea es que los extranjeros que no tengan residencia tengan que bancarse el pago por servicios como la salud y la educación. Milei lo dejó clarito en la inauguración del 143° período de sesiones en el Congreso: si queremos ser un país serio, hay que poner orden hasta en la migración.
El proyecto, que se espera que pase por el Congreso antes de fin de 2025 –aunque, si la cosa se complica, se podría apelar a un decreto–, incluye varios puntos claves:
Cobro por servicios: Los extranjeros no residentes tendrían que pagar por la atención médica y, posiblemente, por los estudios universitarios. Ya se viene viendo este corte en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se redujo la «marcha sanitaria» y se ahorró una buena guita.
Endurecimiento de la radicación: Se va a poner más difícil conseguir la residencia definitiva, con mayores requisitos y controles.
Deportaciones para foráneos delincuentes: Se buscará acelerar la expulsión de aquellos que cometan delitos, sumando más razones para mantener a raya a quienes no aporten.
Refuerzo en la seguridad fronteriza: Habrá controles más estrictos en las fronteras para evitar la entrada ilegal, con más radares y mejoras en los centros de control internacional.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, que se encargará de redactar el nuevo texto legal, la medida también busca evitar que el país se convierta en un «beneficiario pagado» y proteger los recursos que, en última instancia, pagan los argentinos.
El presidente no se guardó nada en su discurso, criticando la situación actual y recordando que, históricamente, la Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero que es hora de poner límites para que no se abuse del sistema. Con la presión de varias provincias que ya implementaron medidas similares y la comparación con políticas de otros países –como las adoptadas en EE.UU.– el asunto pinta para generar un fuerte debate en el Congreso.
