El caso del transporte de larga distancia en Argentina tras la desregulación promovida por el Gobierno Nacional plantea un debate complejo sobre las implicancias de políticas económicas que eliminan regulaciones sin considerar plenamente sus consecuencias sociales. Este ejemplo ilustra cómo las medidas de liberalización, que buscan incentivar la competencia y la eficiencia del mercado, pueden derivar en efectos no deseados, como la vulneración de derechos adquiridos.
La eliminación de regulaciones que aseguraban el cumplimiento del cupo para personas con discapacidad, estipulado en la Ley Nº 22.431, ha generado un retroceso en materia de accesibilidad y equidad. Este derecho, establecido para garantizar que quienes poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) accedan gratuitamente al transporte público, se ve amenazado, dejando a un sector especialmente vulnerable en desventaja.
El concepto de «amague y recule» refleja la dinámica que podría surgir cuando una medida política, al ser altamente impopular o generar costos sociales elevados, enfrenta presiones que obligan a reconsiderarla. En este caso, las críticas públicas y las denuncias podrían presionar al Gobierno a intervenir nuevamente, reintroduciendo algún tipo de regulación para mitigar los efectos negativos.
La medida afecta directamente a su movilidad y, por ende, a su participación en la vida social, laboral y educativa.
Aunque la desregulación podría haberles ofrecido mayor flexibilidad operativa, la presión social y posibles sanciones legales pueden traducirse en costos reputacionales.
El retiro de regulaciones sin una estrategia de transición puede dañar su legitimidad y complicar futuras reformas.
La situación evidencia la necesidad de considerar tanto los beneficios como los costos sociales al implementar reformas económicas, especialmente cuando afectan a grupos en situación de vulnerabilidad.