Tres días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín hizo ingresar varios proyectos de Ley en el Congreso de la Nación. Entre otros, la derogación de la ley de Autoamnistía que los militares promulgaron para dejar impunes los crímenes de Lesa Humanidad antes de abandonar el poder; la Reforma del Código de Justicia Militar, la adhesión del país a los pactos internacionales vinculados con los derechos humanos; cambios en el Código de Procedimientos para que los civiles estuvieran en condiciones de apelar las condenas de los tribunales militares y la modificación del Código Penal para elevar las penas por el delito de torturas.
También ese día firmó dos decretos claves en la lucha por los Derechos Humanos. Ambos promovían el juzgamiento en un proceso sumario ante el Consejo de las Fuerzas Armadas a los miembros de las tres primeras Juntas y el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros de Montoneros (Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía, Ricardo Armando Obregón Cano, Rodolfo Galimberti y Héctor Pardo) y del ERP (Enrique Gorriarán Merlo).
Alfonsín justificó su decisión: “Es imprescindible para la materialización del estado de derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina”. Y dejaba constancia que la sentencia podía ser apelada ante la Cámara Federal.
Fue dos días después de aquellas decisiones, el 15 de diciembre de 1983, que promulgó el decreto 187/83, a través del cual se creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. A partir de ese instrumento, las violaciones a los derechos humanos ya no serían ignoradas desde el Estado argentino.
Alfonsín declaró en el momento de la creación: “No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante”.
La Comisión estaría integrada por diez personalidades de gran prestigio en la sociedad, que generaran confianza y por seis legisladores que representaran la variedad parlamentaria.