Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda (IED) advirtieron ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las principales deudas pendientes que tiene el Estado argentino con los derechos de las infancias y las adolescencias, que se vieron aún más afectadas con las políticas de recortes implementadas por el gobierno de Javier Milei.
El informe fue presentado ante el comité de la ONU para que sea tenido en cuenta en el marco del proceso de monitoreo al que es sometido el país.
“El Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. Políticas públicas que han tenido impactos positivos están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que eso tendrá”, advirtió Julieta Izcurdia, responsable del área jurídica del Equipo ELA, integrante de Infancia en Deuda.
El informe presentado ante la ONU advierte que –en materia de políticas alimentarias- durante este año, la gestión de Javier Milei “redujo drástica e intempestivamente la asistencia a organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito, enmarcado en la Ley 25.724 y el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”.
“Esta decisión resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de un gran número de chicas y chicos al negarles la posibilidad efectiva de alimentarse”.
Indica asimismo que, desde el año 2021, el Estado Argentino “viene disminuyendo de forma constante la inversión en los derechos de niñas, niños y adolescentes” y considera que “es preocupante la situación para este año, en que no habrá ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021”.
En ese marco, se señala con “particular preocupación los bajísimos niveles de ejecución de los programas específicos para las infancias y adolescencias en materia de salud y educación”.
En materia de salud –por ejemplo- en los primeros tres meses del año solo se ejecutó un 7,66% del presupuesto vigente. En educación, en el mismo tiempo, no se llega al 9% de ejecución y hay programas que registran una “inejecución total”, advierten los especialistas.