La Justicia argentina ha asestado un duro golpe al gobierno de Javier Milei al suspender, mediante una medida cautelar, el decreto que transformaba el Banco Nación en una sociedad anónima. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, respondió así a una demanda presentada por la Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, quien ha denunciado desde el principio la intención de privatizar la entidad.
El fallo, que ordena al gobierno abstenerse de implementar el decreto (DNU 116/25), argumenta que la medida contradice la voluntad expresada por el Congreso, que en abril de 2024, durante el debate de la «Ley Bases», excluyó al Banco Nación de la lista de empresas estatales susceptibles de privatización. Ramos Padilla calificó el decreto de Milei como un «exceso» y una «extralimitación de las facultades delegadas».
La decisión judicial se basa en la presentación de La Bancaria, que solicitaba la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, argumentando que la transformación en sociedad anónima es un paso previo a la privatización. El juez, en su resolución, destaca el acuerdo alcanzado entre el bloque oficialista y sectores de la oposición en el Congreso para excluir al Banco Nación de cualquier proceso de privatización.
Palazzo, por su parte, celebró el fallo y reiteró sus acusaciones de que el gobierno busca «favorecer a amigos del Presidente» en un posible proceso de venta de acciones. El dirigente gremial mencionó específicamente a Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, como un posible beneficiario de esta privatización. La Bancaria, además, emitió un comunicado en el que critica duramente al presidente Milei, vinculándolo con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
El Banco Nación, con el 18% de los depósitos privados y el 50% de los depósitos públicos, juega un rol crucial en la economía argentina. Su transformación en sociedad anónima generaba preocupación por su posible impacto en el sistema financiero y en la política económica del país. La decisión judicial, por lo tanto, tiene importantes implicaciones políticas y económicas, generando incertidumbre sobre los planes del gobierno de Milei en materia de privatizaciones.