Tras la identificación del primer detenido con coronavirus en la UP 42 de Florencio Varela, se encendió una alarma que el Estado ya no puede eludir. A la crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro se le suma ahora una amenaza más: la expansión de la pandemia de COVID-19. Frente a esta grave situación hacen falta respuestas excepcionales y urgentes. Es la hora de la justicia, que debe atender de inmediato los pedidos de morigeración de pena. Es imprescindible que se aplique el fallo del tribunal de casación provincial en el que el juez Víctor Violini resolvió la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables, conforme lo establecido por la OMS. En el mismo sentido, debe continuar la mesa de diálogo, con participación directa de las personas detenidas, como medio eficaz para la resolución de los conflictos.
La identificación del primer infectado con coronavirus en la UP 42 de Florencio Varela encendió una nueva alarma en el sistema de encierro bonaerense y produjo temor y angustia en las personas detenidas y sus familias. Resulta imprescindible actuar de manera urgente, adecuada y eficaz, para evitar que la expansión de la pandemia genere un impacto de dimensiones dramáticas.
Como ya hemos mencionado desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (Mecanismo), la crisis humanitaria que afecta al sistema de encierro bonaerense acumula décadas de abandono y desidia. En este contexto, en el que la desatención de la salud se ha convertido en uno de los rasgos predominantes, la pandemia del coronavirus constituye un serio riesgo de profundización de este deterioro generalizado.
Estas razones, que ponen en peligro la vida, motivaron en los últimos días diversas demandas por parte de las personas detenidas en distintas unidades penitenciarias. Frente a esta situación, el pasado lunes se constituyó una mesa de diálogo en la UP 48 de San Martín, de la que participó la CPM en tanto Mecanismo junto a funcionarias del Ministerio de Justicia provincial y representantes de los diferentes pabellones.
Luego de seis horas de trabajo, el reclamo principal estuvo centrado en demandar a la justicia que actúe con responsabilidad y celeridad en la tramitación de los pedidos de morigeración de pena y comprenda la gravedad de la situación que se vive. Si bien la mayor parte del poder judicial fue duramente cuestionado, los relatos sobre la mora y desidia de los jueces de ejecución penal fueron comunes y generalizados. Asimismo se reclamó el cumplimiento de la ley 14.442 para darle autonomía a la defensa pública provincial, que hoy depende de un Procurador General también jefe de los fiscales.
Esta mesa de diálogo tuvo una nueva instancia ayer martes en una segunda reunión que duró más de siete horas. A la convocatoria del lunes con detenidos de la unidad 48, se sumaron representantes de las personas detenidas en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 9 de Plata, 31 de Florencio Varela, 39 de Ituzaingó, 46 y 47 de San Martín. En esta jornada se invitó a participar al juez Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro Dr. Leonardo Pitlevnik, el juez de ejecución penal de San Isidro Alejandro David, el Defensor General de Lomas de Zamora German Bauché y otros funcionarios judiciales. Por el Ministerio de Justicia provincial participaron la subsecretaria Ana Laura Ramos y otras autoridades del organismo. También estuvieron presentes representantes de la Universidad de San Martín y referentes de organizaciones sociales que trabajan en el complejo penitenciario. Por la CPM participaron Roberto Cipriano García y Sandra Raggio (que también lo hicieron el día lunes) y el padre Pepe Di Paola.
El Dr. Violini expuso los alcances del fallo de Casación y su aplicación concreta a cada caso, remarcando la obligatoriedad de los jueces de su cumplimiento, y de la grave falta de los magistrados si así no ocurriera, que es lo que está ocurriendo. Las personas detenidas denunciaron ya que son numerosas las morigeratorias denegadas, contrariando lo dispuesto por Casación.
Los detenidos puntualizaron nuevamente sus demandas hacia la justicia, reclamando celeridad y compromiso con la vida de las personas privadas de libertad. En este punto las partes se comprometieron a elaborar rápidamente listados de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad para entregarlos a la justicia y agilizar los pedidos de morigeración de penas.
Tras otra extensa jornada quedó de manifiesto la voluntad de diálogo tanto de las personas detenidas como del Ministerio de Justicia. En este sentido se acordó continuar con la mesa de trabajo conjunta y la realización de diferentes mesas en otras unidades.
Esta es la demanda más urgente. Las huelgas de hambre y otras protestas iniciadas en las cárceles son una reacción desesperada frente al avance de la pandemia para lograr atención y cuidado por parte del poder judicial, porque descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación es una estrategia clave en la lucha contra el coronavirus en contextos de encierro. Por eso, la acción de la justicia no puede esperar, en sus resoluciones está la posibilidad concreta de salvar vidas.
La desesperación, angustia y ausencia judicial provocaron la reacción de las personas en un hecho ocurrido en la UP 10 de Melchor Romero. Frente a la cobertura espectacular de muchos medios de comunicación que poco informan sobre el estado real de las personas allí alojadas y en cambio difunden imágenes que contribuyen a la estigmatización, es necesario aclarar que se trata de protestas en el marco de esta grave situación. Otra vez la justicia estuvo en el foco de las demandas.
La CPM en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura se constituyó inmediatamente en la Unidad junto al juez de ejecución penal José Villafañe —Rodrigo Pomares y Sergio Raimundo lo hicieron por la CPM—; rápidamente se estableció un espacio de diálogo en el que se escucharon las demandas de las personas detenidas, quienes entregaron un petitorio y pedidos particulares. Tras esta acción se levantó la medida de fuerza.
Por otra parte y en función de diferentes medidas de huelga pacífica iniciada en algunas unidades, la CPM solicitó que las personas que se plieguen a estas medidas no sean aisladas o encerradas en sus celdas como sucede habitualmente, sino que permanezcan con las puertas de sus celdas abiertas, como medida de prevención ante la expansión del coronavirus. El aislamiento es sinónimo de hacinamiento. Esto fue resuelto positivamente en el momento por el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de justicia.
Además de acompañar cada una de estas instancias, en su carácter de Mecanismo, la CPM desplegó un sistema de emergencia frente a la crisis para recibir denuncias y atender a personas detenidas y familiares. En este sentido, desde que se tomaron las primeras medidas para contener la expansión del COVID-19 en Argentina, la CPM presentó más de 600 pedidos de morigeración de penas. Este trabajo continuará sin pausa en esta etapa.
Asimismo resulta de vital importancia que el poder ejecutivo garantice medidas de prevención adecuadas, implemente protocolos rigurosos de ingreso, provea de elementos como jabones, alcohol en gel, lavandina, barbijos, guantes, etc. El organismo reitera, en cada instancia de diálogo que participa, que es fundamental erradicar el hacinamiento para cumplir con la primera medida de aislamiento social. En este camino, también ha solicitado al Poder Ejecutivo provincial la aplicación de la figura constitucional de la conmutación de penas.
La justicia debe actuar con la ejemplaridad que el estado de derecho demanda ante una crisis de tal magnitud, adoptando medidas excepcionales y urgentes que terminen con la sobrepoblación y hacinamiento extremo del SPB. Es la hora de la justicia, que ya no puede ocultar su responsabilidad frente a la crítica situación actual y debe cumplir con los principios de derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional.
