El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha llevado a la Justicia un pedido de intervención urgente para abordar la situación crítica que atraviesa el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, tras los recientes despidos masivos y la intervención del establecimiento por parte del gobierno liderado por Javier Milei. La decisión de habilitar la feria judicial resalta la gravedad del asunto, permitiendo que el Poder Judicial analice la presentación realizada por el CELS.
Los despidos, que afectaron a 200 trabajadores del hospital, fueron notificados el 16 de enero y han generado preocupación debido al impacto en los equipos interdisciplinarios esenciales para la atención en salud mental. Ante esto, el CELS ha solicitado una medida cautelar que impida al Estado continuar con la reducción de personal, argumentando que estas acciones ponen en riesgo el derecho a la salud mental de las personas atendidas en la institución.
La intervención judicial y la respuesta a esta solicitud podrían tener implicancias significativas no solo para el hospital, sino también para el abordaje de políticas de salud mental a nivel nacional.