Después de casi cinco años, la Justicia falló a favor de un reclamo colectivo de organizaciones y personas con discapacidad y declaró en primera instancia la nulidad del Código de Edificación de la Ciudad, por considerar que se vulneró el derecho de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la normativa en la Legislatura.
La demanda fue iniciada por Eduardo Joly, presidente de Fundación Rumbos. Se sumaron luego personas con discapacidad, organizaciones sociales, ambientales y vecinales.
La jueza Elena Liberatori resolvió declarar la nulidad de las leyes 6100 y 6438. “Lo que ha ocurrido en el proceso legislativo es lo contrario a lo que establece la Convención, dado que la audiencia pública devino en un mero trámite formal a causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores. Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima”, escribió la magistrada en su sentencia.
Al dejar de lado esas intervenciones, se dio lugar a un nuevo Código que “profundizó las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad; no innova en requerimientos propios de la evolución en la inclusión social de las personas con discapacidad; crea nuevos obstáculos, habilitando la construcción de ambientes expulsivos y abiertamente discriminatorios como son los microdepartamentos y las dimensiones y equipamientos de baños. Asimismo, elude todo control ciudadano en la construcción y mantenimiento de veredas prolongando a futuro sus condiciones riesgosas”, enumeró la Fundación Rumbos.
María Rodríguez Romero integra esa fundación y además está entre las personas que se sumaron al reclamo colectivo, como madre de una joven que se moviliza en silla de ruedas. En diálogo con Tiempo, recordó que la “primera alarma” ante el nuevo Código de Edificación se encendió ya cuando conocieron los borradores. “Vimos que no estaban teniendo en cuenta muchos avances. La Ley 962 que incluyó cuestiones de accesibilidad fue una gran lucha de las organizaciones, y vimos que en los borradores estaban siendo regresivos, estaban sacando cosas. Esa fue la primera alarma”.
Tampoco se tuvo en cuenta, señaló Rodríguez Romero, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Hablaban de avances tecnológicos, pero no sociales, pero había que actualizar la normativa teniendo esa perspectiva”.