En el marco de la pandemia de coronavirus, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos y detenidas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, lanza el programa «Punto Denuncia Torturas» para fortalecer la capacidad de recepción de denuncias e intervención por violaciones de los derechos humanos en lugares de encierro, que el organismo viene realizando como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El programa parte del trabajo previo con estas organizaciones y apunta a profundizar su trabajo territorial, consagrando los principios de coordinación, complementariedad y fortalecimiento del monitoreo conforme lo expresa la Ley 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
En el marco de sus funciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pone en marcha el programa “Punto Denuncia Torturas” para profundizar la capacidad de intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal. La propuesta reconoce y fortalece, al mismo tiempo, el trabajo territorial de las organizaciones de familiares víctimas de violencia institucional y ex detenidos y detenidas que, desde hace varios años, articulan acciones y estrategias de intervención con la CPM.
En ese sentido, el programa se propone incrementar la capacidad de intervención de las organizaciones de familiares y la CPM, consolidando los principios de cooperación y complementariedad establecidos en la ley nacional 26.827 y fortaleciendo así la prevención y asistencia de la tortura en la provincia de Buenos Aires.
El lanzamiento será este 26 de junio, en el marco del «Día internacional en apoyo a las víctimas de torturas», tal como fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1997 para visibilizar el reclamo por la aplicación efectiva de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sancionada el 26 de junio de 1987.
La primera etapa del programa “Punto Denuncia Torturas” se desarrollará a partir de la firma de convenios de cooperación y formación con ocho organizaciones que trabajan en la provincia de Buenos Aires: Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD), Familiares de detenidos y liberados (FADELI), Proyecto Mecha, Cooperativa Esperanza, Casa Joven Diana Sacayán, Red de familiares Camino al Siglo XXII, Colectivo Dignidad y Asociación Pocho Lepratti.
La CPM brindará un asesoramiento profesional permanente para mejorar y agilizar las respuestas de las organizaciones ante las denuncias que reciben de familiares, víctimas de violencia institucional o personas privadas de libertad. Una vez que esas demandas son registradas, la rápida articulación con la CPM, permitirá derivar y/o coordinar con mayor celeridad las presentaciones judiciales y otras estrategias de intervención.
En su carácter de Mecanismo Local Prevención de la Tortura y también conforme lo estipulado por la ley mencionada, la CPM enmarca sus acciones asegurando, en su diseño institucional y funcionamiento, la participación de las organizaciones de la sociedad civil con experticia en la lucha contra la tortura.
Las organizaciones de la Red de familiares víctimas de la tortura y otras violencias estatales de la CPM que formarán parte del lanzamiento de «Punto Denuncia Torturas» son actores que tienen un saber específico sobre las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal, porque ellos mismos o sus familiares han padecido las violencias del sistema penal; en ese recorrido consolidaron una vasta experiencia que ponen al servicio de otras víctimas.
En ese marco, la creación del programa Punto Denuncia Torturas es un reconocimiento al trabajo que esas mismas organizaciones ya vienen realizando en sus territorios. En ese mismo recorrido, desde hace siete años, la CPM desarrolla encuentros nacionales y provinciales de familiares y jornadas de capacitación que permitieron fortalecer las capacidades de intervención de estas organizaciones que no solo son víctimas sino también actores políticos fundamentales dentro del movimiento de derechos humanos con capacidad de intervención y de demanda ante los poderes del Estado.
El lanzamiento de este nuevo programa ocurre en un contexto muy particular marcado por la pandemia, que agravó aún más las condiciones de encierro y dejó en evidencia la profunda crisis sanitaria que padecen las personas privadas de libertad. En este sentido la sobrepoblación y hacinamiento extremo que imposibilitan el aislamiento social, la falta de elementos de higiene, de limpieza o agua potable, que impiden el lavado frecuente de manos, y la falta de asistencia sanitaria que agrava hasta la muerte enfermedades curables, incrementaron las demandas y reclamos de las personas detenidas.
También las medidas excepcionales de control del cumplimiento de la cuarentena tuvieron su correlato en el registro y denuncia de hechos de violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad en los barrios, y particularmente en los barrios más pobres.