La Marcha Federal Universitaria refleja el descontento masivo de la comunidad educativa frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, especialmente en relación con el financiamiento de las universidades públicas. Este tipo de movilización busca visibilizar la importancia de la educación pública y rechazar medidas que podrían afectar gravemente su funcionamiento, como el veto al financiamiento que prepara el gobierno.
La oferta de aumento salarial del 6,8% ha sido considerada insuficiente por los gremios, dado el contexto inflacionario que atraviesa Argentina y las difíciles condiciones laborales. La problemática salarial no afecta solo a los docentes, sino también a personal no docente, lo que incrementa la presión sobre el gobierno para brindar una solución más integral.
El rechazo al recorte presupuestario se enmarca en un contexto más amplio de lucha por la educación pública, que históricamente ha sido un pilar en la política argentina. Las organizaciones sindicales y estudiantiles involucradas destacan que los bajos salarios empujan a muchos trabajadores de la educación por debajo de la línea de pobreza, lo que agrava la crisis y aumenta el riesgo de desinversión en el sistema educativo.