La desregulación del transporte público en Argentina ha generado una fuerte controversia, especialmente en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. La decisión del gobierno de Javier Milei de desregular el sector, buscando que opere bajo principios de mercado, ha llevado a que empresas de transporte de larga y media distancia interpreten que ya no están obligadas a entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, argumentando que, al ya no ser un “servicio público”, pueden operar sin esa responsabilidad.
Se estima que unos 3.500 millones de pesos mensuales y alrededor de 100.000 pasajes están en juego, una cifra significativa que las empresas ven como un “costo” adicional. Sin embargo, el gobierno se ha pronunciado en contra de esta interpretación. La Secretaría de Transporte ha aclarado que la desregulación no implica la eliminación de la gratuidad para las personas con certificado de discapacidad. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) está incluso tomando medidas legales contra las empresas que decidieron unilateralmente no emitir los pasajes gratuitos y ya ha sancionado a 44 empresas que no ofrecieron el servicio.
Esta situación está generando una tensión que probablemente se resolverá en la justicia, dada la firme postura de las empresas de que al haber sido desreguladas, se encuentran en condiciones de competencia similar a otros servicios, como combis, taxis y autobuses turísticos, que no tienen esa obligación.