La justicia laboral ordenó la reinstalación de trabajadores trans en el Estado que fueron despedidos por el gobierno de Javier Milei, pese a que estaban protegidas por la ley que les aseguraba un cupo en la administración pública.
“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, afirmó, a través de un comunicado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la organización gremial que impulsó esta demanda.
En base a la presentación formulada por este sindicato, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar por la reincorporación trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, indicando sus inmediatas reinstalaciones en los puestos de trabajo.
“La Justicia comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración”, remarcó el dirigente al celebrar la decisión judicial.
Aguiar ponderó la importancia de que “el Poder Judicial funcione como órgano contralor de los otros poderes del Estado”, sobre todo para garantizar “las obligaciones que contrajo” la administración pública “con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas”.
Es la primera resolución judicial que ampara a las personas trans de este tipo en la gestión del presidente Javier Milei y se espera que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato.
Esas demandas se complementarán en el plano gremial con las medidas de fuerza dispuestas por ATE con el propósito de “afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado” que implementa la administración libertaria.