El reciente avance legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, a menos de un mes del 20º aniversario de la masacre de Cromañón, representa un hito significativo en la lucha por la reparación integral para las víctimas, sobrevivientes y familiares. La aprobación de la ley que establece la asistencia económica vitalicia, además de garantizar el acceso gratuito a medicación y atención en salud mental, responde a demandas históricas de las organizaciones que han sostenido esta lucha durante dos décadas.
Aspectos clave de la ley:
- Asistencia económica vitalicia: Deja atrás el carácter provisorio de la ayuda, eliminando la necesidad de renovarla cada tres años, lo que evitaba revivir el dolor de contar lo sucedido repetidamente.
- Atención médica integral: Garantiza acceso gratuito a tratamientos médicos y psicológicos en el sistema de salud pública, una medida crucial dada la magnitud de las secuelas físicas y emocionales.
- Cambio de lenguaje oficial: La sustitución del término «tragedia» por «masacre» es un reconocimiento político y social al carácter evitable del hecho, alineándose con el reclamo de justicia de las víctimas.
- Reapertura del padrón de beneficiarios: Aunque limitada, permite la inscripción de personas afectadas que hayan accedido a programas de salud por las secuelas hasta agosto de 2023, dejando cierto margen para actualizar el registro.
Aunque la ley recibió un amplio apoyo, persisten tensiones sobre aspectos como la restricción temporal del padrón. Este punto ha sido señalado como insuficiente por organizaciones y sectores de la oposición, quienes buscaban una mayor flexibilidad para abarcar a más afectados.
El único voto en contra, de Yamil Santoro, refleja una postura minoritaria que cuestiona el carácter vitalicio de la asistencia, alegando un supuesto «privilegio ilegal». Este argumento contrasta con la percepción mayoritaria de que la ley es un acto de reparación histórica y justicia.