En la madrugada del 21 de agosto de 2003, la Cámara de Senadores aprobó la ley 25.779 y sancionó así la declaración como “insanablemente nulas” de las leyes 23.492 y 23.521, de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), que hasta ese momento habían sido, junto a los indultos, la garantía de impunidad para los crímenes de la última dictadura.
Con la anulación de esas dos leyes, el Congreso de la Nación finalmente escuchó el pedido de los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura para comenzar a desarmar el andamiaje jurídico que impedía avanzar con los juicios por crímenes de lesa humanidad en el país. Fue también un fuerte mensaje político: el mismo poder del Estado que había dictado la amnistía fue el que la anuló, lo que provocó que muchas causas se abrieran incluso antes de que la Corte Suprema de Justicia resolviera la inconstitucionalidad de esas leyes dos años después.
El proyecto de nulidad fue presentado por la diputada Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, periodista y militante desaparecido por la dictadura. La legisladora, integrante del monobloque Izquierda Unida, lo redactó junto a los abogados Carlos Zamorano y Marcelo Parrilli y lo ingresó primero en marzo de 2002 y luego en marzo de 2003, sin siquiera obtener quórum para tratarlo.
El panorama cambió con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo de 2003. Durante un acto en la Casa Rosada en homenaje a los fusilamientos de José León Suárez, Walsh le entregó en mano el proyecto de ley al mandatario, quien luego bajó la orden a los legisladores del oficialismo para que respaldaran la iniciativa.
A pesar de la órden presidencial, el proyecto no era bien visto por todos los sectores del oficialismo. El entonces vicepresidente Daniel Scioli, por ejemplo, decía públicamente que no creía que el Congreso tuviera la potestad para anular leyes y que no iba a tener efectos jurídicos. Para sumar respaldos, se decidió quitar del proyecto original la nulidad de los indultos de Carlos Menem y avanzar sólo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El proyecto se trató en la Cámara de Diputados el 12 de agosto de 2003 y fue acompañado por una gran movilización de organizaciones de derechos humanos.
“Hoy es el día de la Reconquista, un día especial para la mayor parte del pueblo argentino. Creo que también es un día especial para las miles de personas que están en la Plaza (de los Dos Congresos), a metros de acá, esperando desde hace horas lo que yo también espero que seamos capaces de resolver: la nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida”, dijo Patricia Walsh durante su intervención en el recinto.
Junto al oficialismo e Izquierda Unida, también votaron a favor un sector minoritario del radicalismo y el ARI de Elisa Carrió. La mayoría del bloque de la UCR se abstuvo, al igual que Luis Zamora y votaron en contra los sectores más identificados con los militares, como el tucumano Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, quien acusó al kirchnerismo de impulsar un “combate para adueñarse de la historia y de la moral de los argentinos” y que se estaba mirando al pasado “con un solo ojo”.
“El tiempo, que es el juez implacable de los hombres, determinará si este proyecto y sus consecuencias fueron nada más que un intento para alcanzar la verdad y la justicia o si representaron el inicio del camino para su logro”, sostuvo el peronista José María Díaz Bancalari, jefe de la bancada oficialista, al cerrar el debate.
Una semana después, el proyecto se votó en el Senado y quedó aprobado por 43 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención en las primeras horas del 21 de agosto. “Quisiera decir que hoy estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina”, señaló esa noche la entonces senadora Cristina Fernández, la última de las oradoras.
Apenas unos días después, el 2 de septiembre, el presidente Kirchner promulgó la ley, lo que tuvo un impacto inmediato en la justicia, con la reapertura de las primeras causas. En 2005, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y también la validez de la anulación votada en el Congreso. dos pasos fundamentales para que, a partir de 2006, retomara el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que había comenzado con el Juicio a las Juntas de 1985 y que las leyes de impunidad dejaron trunco.
Desde ese momento, hubo más de 300 sentencias y más de mil personas condenadas por delitos de lesa humanidad.