La suspensión de la intervención del gobierno de Javier Milei a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) se da en un contexto de tensiones entre el nuevo Ministerio de Capital Humano, dirigido por Martín Krause, y las universidades públicas. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2 resolvió hacer lugar a un amparo colectivo presentado por Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto a docentes y estudiantes.
Esta medida cautelar interina, que detiene temporalmente la intervención, refleja la disputa sobre la autonomía universitaria y el manejo de las instituciones públicas educativas en Argentina. La intervención había generado preocupación en diversos sectores, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y la educación pública, que consideraban la medida como un intento de control gubernamental sobre una universidad emblemática por su vinculación con las Madres de Plaza de Mayo, una organización fundamental en la lucha por los derechos humanos en el país.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en esta confrontación, al menos temporalmente protegiendo la autonomía de la universidad, mientras el gobierno y los actores involucrados continúan debatiendo sobre el futuro de la institución.