El fiscal federal de Río Grande (Tierra del Fuego) Marcelo Rapoport pidió la detención y declaración indagatoria del exmilitar Jorge Taranto, acusado de torturas a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas, por incumplimiento de una orden judicial.
Taranto tenía prohibido tomar contacto por cualquier medio con las víctimas y las querellas en la causa en la cual se investigan abusos perpetrados por mandos militares contra sus subordinados durante el conflicto bélico desarrollado en 1982 en el Atlántico Sur.
El exmilitar intercambió mensajes con Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes de la Plata (Cecim), que es querellante en una causa que se inició en 2007.
La prohibición impuesta por la justicia federal de Tierra del Fuego fue establecida en 2018, y ratificada el pasado 8 de mayo.
“Las manifestaciones de Taranto en la red social X (ex Twitter) respecto de Ernesto Alonso, (secretario de derechos humanos del CECIM) configuran un incumplimiento de las medidas impuestas”, sostiene el pedido del fiscal.
El juzgado federal de Río Grande había dictado “la prohibición de acercamiento de Jorge Taranto respecto a los integrantes de la Comisión directiva de CECIM La Plata y la totalidad de víctimas de la causa”.